Las autoridades de China han amenazado este viernes con tomar las medidas necesarias para "salvaguardar" sus instituciones y empresas después de que el Senado de Estados Unidos aprobara prohibir las importaciones procedentes de la región china de Xinjiang como una medida orientada a ponerle freno a las condiciones de trabajo forzoso y la violación de Derechos Humanos.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin, ha lamentado que la medida aprobada por Washington muestra que "el Gobierno estadounidense no tiene escrúpulos a la hora de intentar hundir a China como sea".
Las acciones socavan los principios del mercado económico y las normas comerciales internacionales y dañan gravemente los intereses de las instituciones y entidades chinas". aseveró Wang.
En este sentido, ha trasladado que Pekín rechaza contundentemente esta decisión y ha instado a "corregir el error" cuanto antes. La medida, que es la última en una serie de sanciones impuestas por Estados Unidos contra China por el trato a la minoría uigur, afectará a los productos en cuestión a menos que las empresas puedan probar que se han producido sin hacer uso de trabajos forzosos.
El Departamento del Tesoro ha informado sobre una nueva ronda de sanciones a otras ocho entidades chinas a las que ha responsabilizado de vigilar y violar los Derechos Humanos de la población en la citada región.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el jueves que añadió a compañías chinas de biotecnología a su lista negra de empresas señaladas por violaciones a los derechos humanos, al acusarlas de vigilancia de alta tecnología a la minoría uigur.
La investigación científica en biotecnología e innovación médica puede salvar vidas. Desafortunadamente, la República Popular de China ha optado por utilizar esas tecnologías para controlar a su pueblo y reprimir a los miembros de minorías étnicas y religiosas". Gina Raimondo, secretaria estadounidense de Comercio.
Grupos de derechos humanos han reportado una vigilancia sin precedentes a los uigures, de mayoría musulmana, en la región de Xinjiang, que incluye seguimientos de ADN y operaciones de inteligencia artificial para reconocer y monitorear rostros.
Activistas, testigos y el gobierno de Estados Unidos dicen que más de un millón de uigures y otros musulmanes permanecen cautivos en campos de concentración en un intento de desarraigarles de sus tradiciones islámicas y asimilarlos por la fuerza.
Pekín describe estos sitios como centros de entrenamiento vocacional y asegura que su objetivo es reducir el riesgo de que se esparza el radicalismo islámico, tras una serie de ataques mortales.